Nación AFJP : Problemas con los empleados

Un grupo de promotores que pertenecían a Nación AFJP y que prestaban servicios en Mar del Plata reflejaron su malestar por la incertidumbre en materia laboral que atraviesan. Sin embargo, en las últimas horas el Banco Nación informó que todos los empleados afectados a la administradora de fondos de jubilaciones y pensiones están siendo relocalizados.

Voceros de los empleados autoconvocados en Mar del Plata indicaron que tuvieron dos reuniones con el presidente de la empresa sin recibir respuestas favorables. “Cuando se estatizaron las AFJP desde Presidencia se prometió una continuidad laboral pero es la única empresa que todavía no inició la distribución de su personal y desde hace cuatro meses vivimos una inestabilidad emocional que ya trajo problemas psicológicos y físicos a algunos de los trabajadores”, expresaron.

“Pretendemos que se cumpla la igualdad con los trabajadores de otras AFJP que ya fueron todos reubicados y los que representamos a la estatal estamos sumergidos en una incertidumbre total”, agregaron.

Además indicaron que en las reuniones mantenidas con autoridades de la compañía, les aclararon que no habrá ingresos a la planta permanente del Banco Nación.

Sin embargo, la empresa Nación AFJP informó que de sus 1.023 empleados 250 están prestando servicios en el Banco de la Nación, 13 en Nación Seguros, 496 pasaron a Nación Servicios y 264 aún mantienen tareas en la administradora de fondos de jubilaciones y pensiones.

Asimismo, se indicó en un comunicado, a través un acta acuerdo firmada con la ANSES se resolvió que 180 trabajadores del área de Gestión Previsional pasen a dicho organismo, “dado el conocimiento especializado que dichas personas poseen para sumar a la gestión de expedientes previsionales”.

A la vez, el personal de sucursales bajo la dependencia de la Gerencia de Operaciones y el personal con funciones administrativas en la Gerencia Comercial prestará servicios en el banco, para colaborar en la atención de las filiales o en otras dependencias de la entidad.

INDEC. Intentan otra vez falsear información

Según el portal InfoBae Profesional en su artículo: “Advierten una maniobra del INDEC para esconder 350.000 desocupados “, el INDEC de nuevo tratar de mostrar otra realidad.

El tema es la desacupación y puede resumirse el problema en:

Según la metodología vigente, se considera desocupado a quien no tiene trabajo, está disponible y ha buscado empleo en algún momento durante los últimos 30 días.

Sin embargo, en los últimos días la conducción del organismo ordenó incorporar en los formularios que se vienen usando desde 2003 una pregunta destinada a saber si la persona que declara no tener un empleo ha buscado trabajo en la semana previa a la visita del encuestador, consigna el diario La Nación en su edición de hoy.

Es imposible tener estadística serias para tomar decisiones correctas o no. Ya el INDEC no sirve para nada. Confunde, difama (a la ciudadanía). Cerrarlo sería un retroceso institucional y social. Solo queda una opción: que la dirección del mismo sea hecha bajo acuerdo por unanimidad en el Senado de la Nación.

Bolivia : Entrevista a Juan de Dios Fernández

Juan de Dios Fernández es responsable de la reforma agraria en Bolivia

LA PAZ, 24 ene (IPS) – La guerra contra el latifundio y las influyentes firmas agroexportadoras emprendida por el gobierno boliviano de Evo Morales tendrá una instancia clave este domingo, cuando los ciudadanos decidan, junto al nuevo texto constitucional, el máximo de hectáreas que deberán tener las unidades productivas.En Bolivia, donde 67 por ciento de los casi 10 millones de habitantes viven en la pobreza, las familias campesinas apenas cuentan en promedio con 24 metros cuadrados de terreno para cultivos, mientras un solo empresario, como el estadounidense Ronald Larsen, posee 6.777 hectáreas en el oriental departamento de Santa Cruz, equivalente a unos 7.530 canchas de fútbol.

Esa desigualdad hace que la política de tenencia de tierras sea un cóctel explosivo.

Los 3,8 millones de votantes convocados para este domingo deberán decidir sobre la superficie máxima, si 5.000 o 10.000 hectáreas, que el Estado reconocerá como propiedad individual para actividades productivas. Con ello revisará si las haciendas actuales cumplen una función económica y social, antes de subdividirlas para entregarlas a familias pobres.

Bolivia, enclavada en el centro de América del Sur, contiene en su territorio cadenas montañosas, valles fértiles y llanuras tropicales de vasta riqueza natural. Más de 30 millones de hectáreas de tierras han sido legalizadas y queda por revisar el estado jurídico-técnico de 52 millones, explicó a IPS el secretario general del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Juan de Dios Fernández.

La misión no es fácil y así lo demuestra la escaramuza librada en los predios de Larsen, donde el personal a su servicio recibió a balazos a una comisión del INRA, en noviembre, cuando ésta se disponía a revisar la situación legal de la propiedad.

Analistas políticos consideran que el tema de las tierras es el centro del conflicto político que afronta el gobierno izquierdista de Morales, quien se manifiesta dispuesto a distribuir tierras a pueblos originarios, campesinos sin tierra y familias pobres.

Fernández explicó a IPS los motivos que llevan al gobierno a fiscalizar a fondo las posesiones de inmensas extensiones de tierra en manos de privados.

IPS: ¿Qué lleva al gobierno a reformar la legislación sobre tierras y cuál es el fundamento del planteo?

JUAN DE DIOS FERNÁNDEZ: Ha sido una demanda social muy fuertemente planteada en 50 años y el nunca se dio respuesta estructural y definitiva en este tema. Lo que pasó entre 1953 y 1996 es que el Estado distribuyó 60 millones de hectáreas de tierras, menos de 20 millones de las cuales fueron a parar a campesinos e indígenas y el resto se distribuyó entre empresarios del oriente del país.

Un grupo pequeño concentraba 80 por ciento de tierra productiva y un grupo muy grande de campesinos e indígenas el resto.

Tenemos al empresario (Osvaldo) Monasterios con más de 100.000 hectáreas, mientras en el departamento de Chuquisaca hay predios de 24 metros cuadrados. ¿Y cómo se resuelve esto? Las personas que menos tierras tienen son los más pobres de este país y viven en el área rural.

IPS: ¿Cuáles son los mecanismos técnicos y legales para alcanzar una justa distribución?

JDF: Uno es el cambio de la estructura de la tierra, a partir del saneamiento, la regularización del derecho propietario, la identificación de tierras fiscales, la devolución de la tierra que no cumpla la función económica y social en el caso de los medianos empresarios. Y luego entregarlas para los que no tienen.

IPS: ¿Cuáles serán las nuevas dimensiones para determinar el latifundio de acuerdo a la realidad boliviana y el deseo de distribuir tierras?

JDF: Creo que llegamos a esta reforma con una visión clara. En la vieja Constitución se considera latifundio después de las 50.000 hectáreas, aunque no está definido claramente. Ahora, en cambio, el hecho de definir la dimensión (entre 5.000 y 10.000 hectáreas) marca una referencia para una política.

Es un proyecto que respeta las propiedades individual, comunitaria y colectiva. Es un valor importante que tiende a generar seguridad ante un escenario donde la oposición ha promovido desconocer el proceso. Dijeron que les vamos a quitar (la tierra) y que la repartiremos a campesinos de zonas altas sin dejar nada al sector productivo.

IPS: ¿Cuál es la experiencia práctica y los resultados obtenidos tras la gestión del INRA?

JDF: En agosto se controlaron las tierras del norteño departamento de Pando y, en principio, 98 por ciento de las propiedades estaban demandadas como privadas, pero cuando finalizamos el proceso apenas hemos reconocido como tales 25 por ciento y otro 25 por ciento que se habían distribuido entre campesinos e indígenas. La mitad restante es tierra fiscal de reservas naturales y parques.

IPS: ¿Hay un vínculo entre la inadecuada distribución de la tierra con una élite política a la que este gobierno combate?

JDF: Gran parte de las 40 millones de hectáreas fue entregada en pago de favores políticos a grupos de interés, como prebenda. Por ley no se puede recibir más de una parcela, pero hubo gente que recibió dos y hasta tres.

IPS: ¿En qué plazo pueden lograr disminuir la pobreza por esta vía?

JDF: Tenemos cuatro años más para concluir el blanqueo de tierras. La titulación genera seguridad jurídica que, en el caso de propiedades comunitarias, permitirá acceder a créditos, y participar de los procesos productivos.

Hay que entender el contexto político de Bolivia. Una cosa es la Revolución Cubana o la revolución boliviana de 1952, donde se cambia la estructura del Estado por la fuerza de las armas y se construye una nueva institucionalidad.

En ese contexto, se pueden quitar las tierras porque no hay un Congreso y (los revolucionarios) tienen la fuerza y el poder. Pero en un escenario de revolución democrática como la que impulsa este gobierno, no podemos hacer eso.

Un pilar central de la institucionalidad de un país es garantizar la seguridad jurídica. Si tienes una propiedad adquirida de buena o mala manera, que es superior a 5.000 ó 10.000 hectáreas no puedo quitártela con retroactividad. Eso sería atentar contra el propietario y estaríamos rompiendo las reglas de juego de esta sociedad.

Este gobierno no lo va a hacer. Pero hay un tema que es el más importante. En la nueva constitución esta explícito que nosotros vamos a verificar el cumplimiento de la función económica y social (de la tierra) cada dos años. Con este proceso vamos a poder recuperar las tierras fiscales y limitar el latifundio improductivo.

IPS: ¿Si la nueva constitución es ratificada este domingo, podrán ejecutar los procesos de reversión en las grandes propiedades?

JDF: Yo creo que sí. Si eso implica el uso de la fuerza, lo haremos como ya lo hicimos antes. Estamos conscientes de los problemas y conflictos que implica regularizar el derecho de propiedad de la tierra.

Fuente : http://www.ipsnews.net/

Actualizado y corregido: Gracias a Franz Chávez (IPS)

Impuestazo en Río Cuarto. La mediocridad de los dirigentes.

Desde que los ciudadanos de la ciudad del sur córdobes llegan de vacaciones se encuentran con la sopresa de un aumento desmedido de los impuestos municipales.

La administraciín de Jure ha implementado un aumento en las tasas inmobiliaria de hasta un 600% y hasta un 200% en la de los automotores, según se ha podido comprobar por la Defensoría del Pueblo de Río Cuarto.

El aumento, según fuentes oficiales se debe al retrazo de los impuesto, en el 2008 subieron entre un 100% y 200%. Los mecanismos utilizados fueron la rezonificación y el revaluo.

Lo curioso, es que desde el punto de vista de zonificación los vecinos argumentan que no han tenido mejora en la calidad de los servicios (alumbrado, recolección de basura, etc), sino todo lo contrario. Ya que no se realiza como hace 2 años la recolección de basura y el mantenimiento de alumbrado no se realiza y además la reparación de calles se hace muy pobremene.

También, los vecinos se quejan por la generalidad del aumento, que alcanza a toda la población. Y que los mecanismo del cálculo es poco claro, como los parámetros tenidos en cuenta.

Por ejemplo, un vecino recibió un aumento del 300% por revaluo. La casa de al lado, le vino un aumento del 400%  con rezonificación.

En conclusión, el impuestazo realizado es muy arbitrario. Calculado en una noche cálidad de verano, por su Secretario de Hacienda Marcelo Terzo y con el solo fin recaudatorio.

En el mes de diciembre la Municipalidad a través de Terzo, la muncipalidad salió a pedir autorización para tomar créditos por $ 12 millones, para pagar deuda “flotante” de proveedores.

Y no hace dos meses todos los cargos políticos se les atorgó, o se lo tomaron, un aumento de sueldo o “subsidio a la mediocridad”.

Nota: Sobre la justicia distributiva? El incremento de un automovil modelo 1996 es mayor que el de un modelo 2002, por ejemplo

España: La tasa de paro sube al 13,9%

La crisis económica sacude con fuerza al mercado laboral de España, disparando su tasa de paro hasta niveles desconocidos en 9 años, situando al país a la cabeza del desempleo en Europa y aumentando la distancia con cada nuevo dato que sale de los departamentos estadísticos.

El viernes, el Instituto Nacional de Estadística (INE) dijo que el número de parados en España subió en más de un millón de personas en 2008 a una tasa de desempleo cercana al 14 por ciento, casi el doble que la medida de la UE-27, según los datos compilados por Eurostat hasta noviembre pasado.

En 2008, el número total de desempleados totalizó los 3,2 millones de personas, el volumen más alto en 11 años.

“Hay que pensar que la tasa de desempleo este año puede estar más cerca del 16 por ciento que del 15 por ciento que estábamos manejando y que en 2010 podría estar en el entorno del 18 por ciento”, dijo José Luis Martínez, estratega de Citigroup.

El reciente cuadro macroeconómico divulgado por el Gobierno, proyecta una tasa de paro para este año del 15,9 por ciento y del 15,7 por ciento para 2010.

La destrucción de empleo en España, que no parece tener fondo, es particularmente visible en el sector de la construcción, que en un sólo año ha pasado de ser el pilar básico del crecimiento doméstico al mayor lastre de su economía.

“Nos preocupa mucho España, seguramente somos los más pesimistas en Europa sobre su economía”, dijo Sunil Kapadia, economista de UBS.

Sólo en el último trimestre de 2008, la construcción destruyó 228.200 empleos.

Emergencia Agropecuaria en Argentina

Tal como lo publica MDZ Online y los Andes On line se de declararón en emergencia agropecuaria las provincias de Entre Ríos y El Chacho.

Los gobernadores de Buenos Aires, Daniel Scioli, y de Entre Ríos, Sergio Urribarri, ratificaron hoy su decisión de trabajar “codo a codo” con los intendentes y productores rurales a fin de superar los efectos de la sequía que afecta a vastas regiones del país.

Urribarri, declaró hoy el estado de emergencia agropecuaria en la provincia y solicitó que se reúna en su distrito la Comisión Nacional de Emergencia agropecuaria.

El gobierno del Chaco declaró la emergencia agropecuaria para todos los departamentos  provinciales, por 180 días, con posibilidad de prórroga, entre el  16 de marzo y el 11 de septiembre de este año.

Así lo comunicó el gobierno de Jorge Capitanich en un comunicado esta mañana, en el que informa que el mandatario firmó un Decreto que declara en zona de emergencia y/o desastre agropecuario a todos los departamentos de la provincia por la intensa sequía que padece la región.

La iniciativa prorroga los alcances de los decretos 2024/08, 2444/08 y 3552/08, que habían declarado en estado de emergencia y/o desastre agropecuario a todos los departamentos del Chaco que incluye a todos los productores cuyas explotaciones hayan sido afectadas.

La nueva declaración “tendrá vigencia por 180 días, prorrogables según evaluaciones, a partir del 16 de marzo y hasta el 11 de septiembre de 2009, inclusive”, informó el comunicado.

El gobierno nacional debería avanzar esta semana con la declaratoria de emergencia agropecuaria en 15 provincias afectadas por la sequía.

Las provincias comprometidas son Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, La Pampa, Chaco, Santiago del Estero, Formosa, Salta, San Juan, Tucumán, Neuquén, Río Negro y Chubut. El jefe de Gabinete, Sergio Massa, ratificó que en el gobierno hay “preocupación y ocupación”, en tanto que el ministro del Interior, Florencio Randazzo, dijo que la administración federal “asume el compromiso de colaborar” con todos los productores afectados.