Se trata de una sentencia en la que se entrelazan el derecho a la propiedad intelectual, el derecho a la privacidad y el derecho del ser humano al acceso a la información y el conocimiento. Los tres ejes, ni más ni menos, sobre los que gira la existencia misma de la Red de redes.

La historia se remonta a marzo de 2007, cuando Viacom llevó a Google ante la Justicia por haber autorizado el visionado de cerca de 160.000 vídeos -que habrían sido visitados en conjunto más de 1.500 millones de veces- sometidos a derechos de autor, principalmente tomados de los programas difundidos por las cadenas de televisión MTV y Comedy Central. En compensación, la productora reclamaba mil millones de dólares a Google.

Clave de acceso y dirección IP

La sentencia obliga a YouTube -filial de Google desde octubre de 2006- a facilitar al demandante todo el catálogo de vídeo colgados en el sitio de intercambio, incluso los que ya han sido descatalogados; y además, deberá remitir los códigos de acceso de todos sus usuarios y sus direcciones IP, con el listado de vídeos visionados por cada uno. La combinación de clave de acceso y dirección IP -el número que identifica al ordenador al conectarse a internet- equivale, en la práctica, a revelar el ordenador desde el que se ha visitado cada vídeo.

YouTube se ha escudado siempre en que su actividad se centra en el intercambio de vídeos privados, elaborados por los propios internautas. Pero Viacom buscaba con su demanda demostrar que el negocio de YouTube se basa en una muy alta proporción, más que en el intercambio de vídeos privados, en el libre acceso a vídeos e incluso a programas de televisión completos sujetos a derechos de autor. Principalmente, se trata de vídeos musicales y shows televisivos.

Privacidad de datos

La decisión del juez federal Louis S. Stanton ha causado un enorme revuelo en los Estados Unidos, donde la privacidad de los datos personales es un valor fundamental en la sociedad, hasta el punto de estar protegida dicha privacidad por buen número de leyes.

En concreto, los datos que deberá aportar Google suponen un volumen ingente de información equivalente a 12 terabytes: toda su base de datos de usuarios desde hace 18 meses. Dichos datos no permiten identificar al usuario personalmente, ni contienen su dirección de correo electrónico; pero sí identifican el ordenador desde el que se visitó cada vídeo y en qué momento; si la visita se hizo en el servicio gratuito de vídeos y el número de veces que cada ordenador insistió en una misma grabación.

Podría fácilmente argumentarse que Google ha caído en su propia trampa. No en vano, ya que YouTube ha almacenado todos los datos relativos a sus usuarios durante año y medio buscando su propio beneficio, con el fin de analizar los comportamientos de sus «clientes» para optimizar la consecución de sus objetivos comerciales y mejorar su servicio. Ello, como efecto indeseado para Google, ha permitido a Viacom analizar un tiempo lo suficientemente relevante los «métodos» de trabajo del portal de intercambio de vídeos. Tanto como para argumentar con solidez su posición ante la Justicia.

El buscador estrella siempre había asegurado a sus muchos millones de clientes la confidencialidad absoluta de sus datos, pero esta sentencia judicial pone al descubierto que ni siquiera el gigante de los gigantes, Google, es inmune a los fallos judiciales.