La Corte Internacional de Justicia de La Haya dio a conocer, el 8 de octubre, su sentencia sobre el diferendo limítrofe que sostenían Nicaragua y Honduras por aguas en el mar Caribe.

El fallo concedió a una y otra partes razón parcial a sus reivindicaciones. Más allá de interpretaciones en Tegucigalpa y Managua sobre los logros, los dos Gobiernos manejaron con gran prudencia y madurez el asunto; los presidentes Ortega y Zelaya se reunieron ese mismo día en la ciudad nicaragüense de Ocotal para reafirmar el respeto al pronunciamiento y celebrarlo como una victoria para ambos.

Y, en verdad, así es. La sentencia elimina cualquier posible fuente de fricción y enfrentamiento, y contribuye a delimitar más precisamente el espacio geográfico sobre el cual Nicaragua y Honduras ejercen sus derechos soberanos.

La decisión de acudir a La Haya no es nueva en Centroamérica. Esos dos Estados fueron protagonistas de un litigio por límites terrestres que llegó al alto tribunal de esa ciudad holandesa y cuyo fallo –en 1960— ratificó el laudo del rey Alfonso XIII, de España, que estableció la frontera desde el golfo de Fonseca hasta la desembocadura del río Coco.

Hace 15 años, en 1992, una sentencia de la Corte Internacional de Justicia puso fin al centenario enfrentamiento entre El Salvador y Honduras sobre sus linderos territoriales, pugna que fue aprovechada por los militares y políticos de cada nación para inventarse una guerra en 1969, que –por supuesto— no resolvió nada y sí sirvió para distanciar a ambos pueblos y asestar un rudo golpe al proceso de integración regional.

Los antecedentes del papel de la Corte en Centroamérica confirman la trascendencia de contar con un organismo multilateral, con competencia y jurisdicción vinculantes, reconocidas por los Estados, para dirimir ese tipo de diferencias.

Además, prueba que es la mejor instancia a la cual pueden acudir Nicaragua y Costa Rica para debatir y obtener una solución a sus interpretaciones disímiles en relación con los derechos ticos de navegación en el segmento en el cual el río San Juan sirve como límite natural.

Dados los esfuerzos bilaterales fallidos, y habida cuenta del peso que el nacionalismo ejerce sobre ese tema, una sentencia de La Haya es lo mejor que les puede ocurrir a ambos países.

Una decisión que zanje, para siempre , ese contencioso.